En Cuba, en 2019 y 2020, el Estado reprimió una marcha LGBTI+ no autorizada y censuró una escena homosexual en una película transmitida por televisión. Aunque se justificaron como medidas administrativas o errores, ambos casos evidencian los límites impuestos al activismo independiente y la persistencia de mecanismos de censura estatal, pese a un discurso oficial de inclusión.

En 2020, legisladores de Puebla, México propusieron reformar el Código Penal para castigar con hasta 12 años de prisión la difusión de “noticias falsas” durante emergencias. La iniciativa fue ampliamente criticada por su ambigüedad y potencial para censurar y criminalizar la libertad de expresión. La presión social impidió su aprobación, pero el caso evidenció riesgos graves para la libertad de prensa y el debate democrático en México.

Entre 2007 y 2015 en Argentina, el gobierno intervino el INDEC para “maquillar” el Índice de Precios al Consumidor, mostrando inflaciones inferiores a las reales. Académicos, consultoras y ONGs difundieron índices alternativos hasta que, en diciembre de 2015, se declaró la “emergencia estadística”, se suspendieron las publicaciones oficiales y se ordenó una auditoría externa para restaurar la fiabilidad.

Durante el ciclo de protestas en Colombia (2020–2022), se documentaron múltiples formas de censura tecnológica indirecta contra medios independientes, incluyendo bloqueos selectivos, throttling, vigilancia digital y moderación opaca en redes sociales, sin respaldo judicial ni transparencia, lo que constituye una modalidad emergente de represión informativa con graves implicaciones democráticas.